Declaración de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC) sobre los adolescentes y la seguridad pública

CARTA A LA COMUNIDAD

LOS ADOLESCENTES:

UN TESORO CONFIADO

Los miembros de la  Asociación Uruguaya de Educación Católica  (AUDEC)  reunidos en asamblea compartimos con la ciudadanía algunas  reflexiones sobre los adolescentes y la seguridad pública.

1.  Como parte de  la  sociedad constatamos, y en algunas oportunidades vivimos en carne propia, el problema de la inseguridad. Particularmente tanto cuando nuestros niños/as y adolescentes  y  sus  familias  participan  de  los  proyectos  socioeducativos  de  los  barrios más humildes como de  los alumnos de nuestros colegios, son víctimas de violencia y de arrebatos.

2.  Quisiera  hacérsenos  pensar  que  el  problema  de  la  inseguridad  radica  en  los adolescentes, cuando es dato de  la  realidad que  los menores de 18 años,   actualmente privados  de  libertad  por  infringir  la  ley,  no  llegan  a  400,  mientras  que  los  adultos  encarcelados superan los nueve mil. 

3.  A pesar de  lo que corrientemente se cree,  los menores  infractores a  la  ley penal sí son objeto de penas. Nuestro país cuenta con una justicia penal especializada para menores desde  los  13  a  los  18  años,  la  cual  sanciona  con  penas  que  llegan  a  la  privación  de libertad; hay menores “presos”, cumpliendo esas penas.

4.  En la sociedad de hoy nos encontramos con pequeños grupos de personas y familias con una  cultura,  convicciones  y  un  estilo  operativo,  que  los  lleva  a  procurar  sus  ingresos mediante el delito como es el robo y el tráfico de drogas, etc.

5.  En  las últimas décadas  -este dato surge desde nuestros 120 proyectos sociales y desde los  175  colegios  esparcidos  por  todo  el  territorio  nacional-  hemos  visto  el  deterioro social,  económico  y  cultural  de muchos  uruguayos  a  los  que  no  llegaban  los  servicios públicos: no contaban con una vivienda digna, ni con la capacitación para insertarse en el mercado laboral, ni con la existencia de fuentes de trabajo;  no tenían como  proyecto de vida más  que  la  subsistencia,  sin  la  presencia  amiga  de  entidades  y  servicios  que  les acompañasen.    Incumpliendo  así  el  Estado  con  los  deberes  que  la  Constitución  le impone, de garantizar a todos los habitantes de la República el ejercicio de sus derechos individuales, económicos  y  sociales  y   de promover  la protección de  la  familia  y de  los hijos. 

6.  Esta situación de deterioro en los sectores de escasos recursos y el oportunismo de otros (traficantes, reducidores), dio  lugar a  la configuración de formas de vida, fuera de  la  ley que violentan la convivencia social. 

7.  Para configurar la inseguridad ciudadana, confluyen múltiples causales, entre ellas: la ausencia  o  la no siempre acertada intervención de los agentes del orden  público;  en segundo  lugar,  las  fallas en el sistema  judicial penal  juvenil, por  la escasez de  recursos, personal capacitado y el desempeño de algunos funcionarios; en tercer lugar,  fallas en la entidad (SEMEJI - INAU) que tiene que ejecutar las medidas de privación de libertad: las alternativas  para  reeducar  a  los  adolescentes  infractores  y  hacer  eficiente  el  sistema, logrando  la  rehabilitación de  los muchachos y  la protección de  la sociedad, no siempre realiza adecuadamente sutarea.   En cuarto  lugar, el tráfico de drogas y  los reducidores de  mercaderías  robadas  que  necesitan  operadores.  Por  último  y    por  sobre  todo, queremos  poner  especial  énfasis  en  el  deterioro  de  los  núcleos  familiares  en  el desempeño de los roles y funciones, entre ellas particularmente las educativas.

8.  Por  ello,  compartimos  -en  líneas  generales-  los  acuerdos  alcanzados  en  la  Comisión Bicameral, integrada por los cuatro partidos políticos, cuyo documento fue aprobado por unanimidad  en  la  Asamblea  General.  Creemos  que  el  mejor  abordaje  para  los adolescentes infractores y para la ciudadanía que experimentamos la inseguridad pasa por el fortalecimiento y el eficaz funcionamiento de los distintos organismos públicos y la colaboración de toda la sociedad.

9.  Creemos  importante recordar que el Código de  la Niñez y Adolescencia, aprobado en el Uruguay  (ley  17.823),  está  en  consonancia  con  la  Convención  sobre  los  Derechos  del Niño  de  Naciones  Unidas,  que  nuestro  país  ratificó  en  1990.  La  modificación  de  la legislación existente, pasando a los adolescentes comprendidos entre los 16-18 años a la justicia de adultos, nos  lleva a violar  los compromisos asumidos por el Estado Uruguayo ante la comunidad internacional.

10. Transcribimos  algunas  líneas  de  la  Declaración  de  La  Santa  Sede  cuando  adhirió  a  la Convención,  “considera  la  presente  Convención  un  instrumento  digno  y  laudable, encaminado  a  proteger  los  derechos  e  intereses  de  los  niños,  que  son  ese  precioso tesoro confiado a cada generación como reto a su inteligencia y humanidad’ (Juan Pablo II,  26  de  abril  de  1984).  La  Santa  Sede  reconoce  que  la  Convención  representa  una promulgación de principios /…/, salvaguardará  los derechos del niño  tanto antes como después  del  nacimiento,  como  se  afirmó  expresamente  en  la  Declaración  de  los Derechos del Niño. Adhiriéndose a  la Convención sobre  los Derechos del Niño,  la Santa Sede se propone dar renovada expresión de su constante preocupación por el bienestar de los niños y las familias”. (1)

11. Como  educadores  nos  sentimos  parte  del  problema.  Como  ciudadanos  somos responsables de que en nuestra  sociedad  se haya configurado una cultura que anida y sostiene la práctica de menores que cometen infracciones. Por ello nos comprometemos a seguir trabajando desde  la educación para que  los niños/as y adolescentes adquieran las  habilidades  para  la  convivencia  y  la  vida  en  sociedad;  a  seguir  desarrollando proyectos que apliquen medidas socio educativas para quienes  las necesitan; y también impulsando  proyectos que ejecutan medidas judiciales como son los de libertad asistida, que apuntan a reencaminar a los  muchachos que cometieron infracciones.

12. Los  adolescentes  uruguayos  son  un  tesoro.  La  mayoría  quieren  superarse  y  crecer, forjarse un futuro y un lugar en la sociedad, aunque no se les den las oportunidades. Son cientos  los que  “no  estudian, ni  trabajan” pero que participan de nuestros Centros de Capacitación y Centros Juveniles, dando cuenta que quieren estudiar. El problema no son sólo ellos. Por otra parte,  los cientos de jóvenes que han cometido  infracciones y han cumplido  su  pena  en  una  de  nuestras  instituciones,  no  solo  re-proyectaron  sus  vidas, sino que en su mayoría no han vuelto a infringir la ley.

13. Detrás de estos  temas está el bien de  todos  los uruguayos  y  la  integración de los más vulnerados en sus derechos. Por ello, por un lado urgimos a la mejora de las políticas sociales  y  educativas de prevención,  particularmente las que apuntan al acompañamiento de las familias. Y por  otra  parte a la  aceleración  y ajustes de las medidas que colaborarán en hacer más eficaz  y firme al  sistema penal especializado para atender a los adolescentes que cometieron infracciones. 

Montevideo, 11 de abril de 2011.

Asociación Uruguaya de Educación Católica

(1) También agrega: “A la luz de su naturaleza y posición singulares, la Santa Sede, al adherirse a esta Convención, no se propone prescindir en modo alguno de su misión específica que es de carácter moral y religioso.” http://www.alaee.org/derechos/declyrsf.html#san